Enfrentan principalmente dificultades para acceder a los servicios de salud y educación. Entutelan y ganan los casos pero no obtienen respuesta.

“Muchos no tienen carnés del Sisbén y si lo tienen les niegan los servicios que son obligatorios como son la entrega de audífonos, autorización para exámenes cerebrales, tratamiento odontológico bajo anestesia para un niño con parálisis cerebral, suministro de medicamentos contra la convulsión”, dice la coordinadora del Centro de Rehabilitación La Paz, en el Atlántico, María Poulisse.

“Nosotros atendemos niños que convulsionan porque las Administradoras del Régimen Subsidiado les niegan el medicamento para evitarlas.

Las ARS dicen que no tienen medicamento, que tienen que volver, y hay semanas que pasan sin tomarlas agravando su estado de salud”, agrega. Señaló que en esos casos acuden a la Defensoría del Pueblo y esta manda cartas a las ARS que se ven obligadas.

“De los 100 niños, por lo menos seis han tenido que pasar por esa situación”, reconoce. Con respecto al servicio de educación, la coordinadora dijo que en el caso del centro, solo cuentan con el respaldo del Bienestar Familiar, que adjudicó varias becas. Otro de los problemas que también han sido detectados es el desconocimiento sobre el tema por parte de los docentes.